Integrando el Cambio Climático en el Sistema Nacional de Inversión Pública de Chile


En el marco de los compromisos internacionales que adquirió Chile en materia de mitigación, el Gobierno de Chile ha trabajado, entre otras cosas, en la estimación de un Precio Social del CO2, entendido como un precio que está basado en la voluntad política de Chile de reducir emisiones bajo el Acuerdo de París junto con las alternativas tecnológicas que posee para cumplir dicha meta. El precio social del carbono permite incorporar, dentro de las evaluaciones de proyectos de inversión pública, los beneficios o costos sociales asociados a las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).

El Sistema Nacional de Inversiones (SNI) de Chile tiene por objetivo contribuir a mejorar la calidad de la inversión pública nacional, mediante la asignación de recursos públicos a iniciativas que generan mayor bienestar a la sociedad, medido a través de una mayor rentabilidad social y económica de acuerdo a estándares técnicos, y en conformidad con los lineamientos de las políticas de Gobierno (Ministerio de Desarrollo Social, 2015).

Desde 2012 existe un precio social de carbono en Chile. Sin embargo, el precio fijado era bajo en comparación con precios sociales utilizados por otros países, por lo que su impacto en la evaluación de proyectos era marginal y, consecuentemente, generaba débiles incentivos a los formuladores para cuantificar este efecto en sus proyectos.

En este escenario, surgió la necesidad de crear una nueva metodología de cuantificación de un precio social de carbono para Chile, propuesta que quedó consignada en el estudio “Integrando el Cambio Climático en el Sistema Nacional de Inversión Pública de Chile” de febrero de 2017.

Conforme a la revisión de conceptos y metodologías de cuantificación de costos sociales y precios sombra, se propuso seguir el modelo de Reino Unido y estimar un precio de sombra de carbono a partir de la disposición de Chile de reducir, y por ende de pagar, emisiones de gases de efecto invernadero conforme a su meta de mitigación bajo el Acuerdo de París, denominada “contribución nacional determinada”.

Se propuso, entonces, estimar el precio sombra a partir del análisis de los costos marginales de abatimiento de dióxido de carbono que permiten cumplir con las metas de mitigación de Chile bajo el Acuerdo de París.

La nueva estimación fue ratificada por la presidenta Michelle Bachelet en la cuenta pública del pasado 1 de junio: “Por lo pronto, y porque el ejemplo empieza por casa, todas las inversiones del sector público incorporarán en sus cálculos sus efectos sobre la contaminación. Cada tonelada de carbono que emitan tendrá un precio social de 40 dólares por tonelada”, consignó la Presidenta.