El precio al carbono (carbon pricing) intenta capturar el costo social y ambiental que se genera producto de las emisiones de dióxido de carbono (CO2) y de otros gases de efecto invernadero, mediante la implementación de instrumentos como los impuestos a las emisiones o los sistemas de permisos de emisión transable (ETS), para cumplir de forma costo-efectiva con los objetivos de control y metas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), fijados y/o normados por un gobierno.

Fijar un precio al carbono entrega una señal de precios para que los que contaminan tengan la opción de decidir si detener la actividad contaminante, reducir sus emisiones, o continuar contaminando y pagar por ello. Este mecanismo, además, permite que el objetivo ambiental global que persigue la Convención de Cambio Climático pueda cumplirse de manera mucho más flexible y con un menor costo para la sociedad.

Un precio al carbono tiene, a su vez, importantes co-beneficios tales como la estimulación de las inversiones en tecnología limpia e innovación en el mercado, impulsando nuevos motores de crecimiento económico más sustentables y fomentando una transición hacia una economía más baja en carbono.

Existen dos principales tipos de IPC: 1) impuestos al carbono, y 2) mecanismos de mercado (principalmente esquemas de transacción de emisiones, o ETS por sus siglas en inglés).

Un impuesto al carbono (carbon tax) fija directamente un precio sobre el carbono, definiendo una tasa en las emisiones de gases de efecto invernadero o en el contenido de CO2 de los combustibles fósiles. A diferencia de otros instrumentos, el impuesto no predefine el resultado de la reducción de emisiones.

Por su parte, el sistema de permisos de emisión transable (ETS, por sus siglas en inglés) es un instrumento de mercado diseñado para reducir emisiones de GEI. Los gobiernos o jurisdicciones que los utilizan determinan un límite máximo (tope o cap) de emisiones totales en uno o más sectores de la economía. Las empresas involucradas deben contar con permisos por cada tonelada emitida a la atmósfera. Estos permisos puedan transarse (trade o comercio), generando oferta y demanda de permisos de emisión entre actores del mercado y, consecuentemente, también una mayor flexibilidad en los tiempos y fórmulas para reducir emisiones.

El impuesto al carbono fija el precio de una tonelada de CO2 (o de CO2 equivalente, si se suman emisiones de otros gases como el metano y el óxido nitroso), pero no asegura que la reducción de emisiones esperada ocurra; en cambio, en un sistema de transacción de emisiones se establece con anterioridad el límite máximo a emitir, lo cual de alguna manera asegura que ese límite no se sobrepase. Sin embargo, no fija un precio determinado, sino que éste varía según dicte el mercado de permisos de emisión.

Un offset es un mecanismo complementario a los instrumentos de precio al carbono. Es una medida y/o acción de reducción o absorción de emisiones de GEI que permite reducir, en otros países o sectores, las emisiones que los países o los sectores no logren reducir mediante compensaciones con el uso de créditos de carbono medidos en toneladas de dióxido de carbono equivalente.

Los sistemas de compensación más comunes son los que provienen de proyectos de energías renovables y del sector forestal, los cuales siguen un conjunto completo de procedimientos de validación y verificación para demostrar que están generando reducciones de emisiones. Por ello, son monitoreados de manera regular a través de terceros independientes.

Un ejemplo importante de offset es el del Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) de la CMNUCC, el principal estándar de certificación a nivel mundial de proyectos que generaron o están generando reducción de emisiones. Chile fue un actor relevante dentro de América Latina en el uso de este mecanismo, con 102 proyectos registrados al 2016, 77 de los ellos en energías renovables no convencionales.

Los offsets permiten a los gobiernos y empresas compensar su impacto ambiental en otros sectores, apoyar el cumplimiento con sus metas de reducción de reducción de emisiones y contribuir a las políticas nacionales de mitigación frente al cambio climático.

Al comprar créditos de carbono para compensar sus emisiones, las empresas aportan financiamiento esencial a proyectos de energía renovable, protección forestal y reforestación, silvicultura biodiversidad que, de otro modo, no serían económicamente viables.

Muchos de estos proyectos también aportan impactos sostenibles adicionales a las comunidades locales y al medio ambiente, como la creación de empleo, la mejora de la salud y el bienestar y la protección de la biodiversidad.

En 2017 comenzó a regir en Chile el impuesto al CO2, el cual equivale a US$ 5 por cada tonelada emitida. Este valor, determinado por el Ministerio de Desarrollo Social, busca internalizar el costo social y ambiental que genera el carbono. El impuesto se aplicará a establecimientos cuyas fuentes fijas, conformadas por calderas o turbinas, individualmente o en su conjunto sumen una potencia térmica mayor o igual a 50 MWt (megavatios térmicos), considerando el límite superior del valor energético del combustible.

El Ministerio del Medio Ambiente, junto a la Superintendencia del Medio Ambiente y el Ministerio de Hacienda, son los organismos encargados de definir el reglamento y el sistema de medición, reporte y verificación (MRV) que se está aplicando al impuesto en Chile. Como punto de partida, se ha establecido utilizar el ya existente Registro de Emisiones y Transferencias de Contaminantes (RETC), como base para establecer el reglamento y los protocolos de MRV requeridos.

Los sistemas de medición, reporte y verificación (MRV) de emisiones de GEI son un pilar fundamental de todo instrumento de política de mitigación.

Un sistema MRV busca emplear protocolos y reglamentos públicos para asegurar una misma forma de medir, reportar a autoridades y verificar la emisión de una tonelada métrica de CO2 (o la equivalencia en CO2 de otros GEI).

La Superintendencia del Medio Ambiente es la institución encargada de diseñar y aplicar sistemas para monitorear, reportar y verificar las emisiones afectas a dicho impuesto, además de consolidar los datos para informar al Servicio de Impuestos Internos y poder efectuar el cálculo del tributo a los establecimientos afectos a pago.

El Registro de Emisiones y Transferencias de Contaminantes (RETC) es un catálogo o base de datos que contiene información sobre las emisiones y transferencias al medio ambiente de sustancias químicas potencialmente dañinas. Incluye información sobre la naturaleza y cantidad de emisiones y transferencias.

Los datos del RETC en Chile son recabados desde fuentes de emisión fijas (industria), y fuentes móviles (transporte). Abarca las emisiones al aire, agua y los residuos peligrosos transportados para su tratamiento o disposición final. El Decreto N°138/05 del Ministerio de Salud, obliga a los distintos establecimientos a reportar las emisiones de diversos contaminantes. Para la aplicación del impuesto, se ha determinado utilizar el RETC como sistema base para establecer y aplicar el reglamento y los protocolos de MRV requeridos para implementar el impuesto en Chile.

Más información:
http://www.retc.cl/

El Acuerdo de París es un acuerdo mundial, que deriva del trabajo de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC). El acuerdo se alcanza en la capital francesa en diciembre de 2015 y entró en vigor en noviembre de 2016. Su objetivo principal es que los países firmantes implementen un plan de acción para limitar el calentamiento del planeta.

Los gobiernos pactaron mantener el incremento de la temperatura media mundial muy por debajo de los 2 °C con respecto a los niveles preindustriales, y acentuar los esfuerzos para limitarlo a 1,5 °C, reconociendo que esto reduciría considerablemente los riesgos e impactos del cambio climático.

A partir del Acuerdo, los países definen planes con sus Contribuciones Nacionales Determinadas (NDC) para reducir emisiones, las que serán reportadas y evaluadas en su avance cada cinco años con miras a fijarse metas más ambiciosas.

El Acuerdo establece la responsabilidad de los países para informar sobre el estado de cumplimiento de sus metas, instaurando para ello disposiciones sobre transparencia, contabilidad, gobernanza e integridad ambiental.

La implementación del Acuerdo de París incluye un componente solidario, que apoya a los países con menos recursos a reducir sus emisiones e incrementar su resiliencia ante los efectos del cambio climático.

Chile suscribió el acuerdo Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC), el Protocolo de Kioto y, más recientemente, el Acuerdo de París, ya que reconoce su vulnerabilidad frente al cambio climático y la necesidad de acordar los impactos ambientales, sociales y económicos que este fenómeno implica.

Chile ha comprometido esfuerzos en materia de mitigación (reducción de emisiones de gases de efecto invernadero) y adaptación (levantamiento de antecedentes técnicos para definición de acciones para la adaptación al cambio climático del sector energía), que se plasman en las Contribuciones Nacionales Determinadas (NDC).

De manera tentativa, Chile se compromete al 2030 a reducir sus emisiones de CO2 por unidad de PIB en un 30% con respecto al nivel alcanzado en 2007, considerando un crecimiento económico futuro que le permita implementar las medidas adecuadas para alcanzar este compromiso, el cual, en caso de existir financiamiento internacional, se amplía a un 45%.