Implementación del impuesto verde


Los impuestos a las emisiones de fuentes fijas, que comenzaron a operar el 1 de enero de 2017, aportaron al fisco US$ 191,3 millones. Sumado a los US$ 107 millones recaudados por el impuesto a fuentes móviles, fueron casi US$ 300 millones ingresados por concepto de impuestos verdes. La institucionalidad diseñada, incluyendo un completo sistema de medición, reporte y verificación (MRV) de emisiones que operó de manera efectiva, fue clave para la correcta implementación.

El 1 de enero de 2017 entró en régimen la aplicación de los primeros impuestos verdes en Chile. Estos impuestos gravan las emisiones de los contaminantes locales -responsables de la contaminación atmosférica, el mayor problema ambiental nacional- y gravan también las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), responsables del mayor problema ambiental a nivel global: el cambio climático.

Están afectos a este impuesto todos los establecimientos con calderas y turbinas con potencia igual o superior a 50 megawatts térmicos (MWt). Tras un año de implementación, en abril de 2018 estos establecimientos pagaron, por primera vez, el tributo equivalente a sus emisiones del año anterior. El total ascendió a US$ 191,3 millones, de los cuales un 88% corresponden a dióxido de carbono. El otro 12% corresponde a contaminantes locales.

“El principio básico de ‘quien contamina paga’ promueve la incorporación de instrumentos de gestión ambiental que trasladan la regulación desde una imposición del Estado hacia los privados, que son quienes pueden y deben decidir la forma de transitar hacia sistemas productivos con menos emisiones”, destacó la ministra del Medio Ambiente, Marcela Cubillos, en entrevista con diario El Mercurio a mediados de mayo.

A los US$ 191,3 millones se suman los ingresos provenientes de fuentes móviles, que gravan por única vez la compraventa de vehículos nuevos en función de su rendimiento urbano, potencial de emisión de NOX y precio de venta. En 2017, lo recaudado por el impuesto verde a fuentes móviles ascendió a US$ 107 millones, con lo cual se alcanzó un total de cerca de US$300 millones por concepto de impuestos verdes en el año.

La implementación del impuesto ha sido evaluada positivamente por el Ministerio del Medio Ambiente. La institucionalidad que la sostiene sigue hoy avanzando en su perfeccionamiento operativo, especialmente en lo relacionado al reglamento, los protocolos y las guías asociadas a los procesos de registro de establecimientos y sus respectivas fuentes, y la medición, reporte y verificación de emisiones.